Hoy se cumplen 10 años de aquel día en el que un seísmo y su posterior tsunami puso en jaque a la población de Chile. Los fenómenos causaron la muerte de 521 personas, pero lejos de lamentarse, el Gobierno de Chile se rehízo, aplicando nuevas medidas que prepararon al país para los futuros seísmos.
Para muchos, la madrugada del 27 de febrero del 2010 supuso una noche tranquila como cualquier otra, pero para Mónica Molina aquel fue el día en el que tuvo claro que iba a morir: su edifico en la ciudad chilena de Concepción se tambaleó tan fuerte que se derrumbó, partiéndose en dos en el proceso.
A 40 kilómetros de allí, en Dichato, Cecilia Bustos experimentó el mismo presentimiento que Mónica cuando vio una gran marea engullendo el emplazamiento costero donde vivía. “Fue terrible, salí corriendo hasta el punto más alto que pude. Desde arriba sentía el ruido del mar, que era como un monstruo, y vi como subían unas masas oscuras”, relata Celia.
Por suerte para ellas, lograron sobrevivir a esos desastres, algo que, tristemente, no pueden contar las 521 personas a las que el seísmo y el posterior tsunami de aquel día quitaron la vida.
El terremoto del 2010 se trató del sexto mayor sismo jamás registrado desde 1900. A pesar de los daños causados, las ciudades se han reconstruido casi al 100%A pesar de haber pasado 10 años desde aquellos momentos, Chile sigue sin olvidar lo que pasó aquel 27-F. Sus cicatrices aún perduran en la memoria de los supervivientes y, también, del gobierno y las instituciones, que aprendieron por las malas que, si por algo destaca su país, es por su vulnerabilidad ante la ferocidad de la naturaleza.
Esto se debe a que Chile se encuentra ubicado en el borde occidental de la placa continental sudamericana, una región donde convergen y generan zonas de subducción las placas de Nazca y Antártica y en la que la placa de Scotia se desliza horizontalmente respecto a la placa Sudamericana.
La alta velocidad de convergencia entre Nazca y Sudamérica producen una sismicidad elevada, que se manifestó de forma muy notable aquella noche del 27 de febrero cuando un terremoto de 8,8 grados en la escala sismológica de magnitud de momento (MW) azotó Chile sin ningún miramiento.
El fenómeno tuvo su epicentro en la región del Ñuble, en el centro-sur del país suramericano, a unos 400 kilómetros de distancia de Santiago, acompañado de un tsunami que arrasó el litoral más cercano, sobre todo en las localidades de Dichato, Talcahuano y Constitución.
En Dichato, por ejemplo, las destructivas olas que llegaron apenas 20 minutos después del megaterremoto asolaron el 80% de los edificios y causaron la muerte de 56 personas en su borde costero. Al sureste, en Tumbes, el agua destruyó 220.000 viviendas, 3.700 escuelas, 17 hospitales y 1.550 kilómetros de carreteras.
Lecciones a las bravas
A pesar de la enorme e histórica actividad sísmica, Roberto Moris, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile explicó al diario Pauta que, antes del 2010, Chile no tenía una interiorizada la conciencia de la verdadera vulnerabilidad del país ante este tipo de fenómenos:
“Ahí se notó un poco la distancia entre la memoria colectiva y la memoria geológica, porque en realidad Chile históricamente era un país de muchos tsunamis, pero como no habían sido recientes no habíamos sido educados bajo esta lógica”, afirmó el experto.
Este pensamiento se veía reflejado en el Servicio Sismológico de Chile que, pese a la importante labor que debía ofrecer, su actividad se limitaba al horario de oficina, reduciendo considerablemente su rango de acción.
Esa mentalidad, unido a la descoordinación entre la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) que tuvieron que actuar al peligro del tsunami, sembraron el perfecto campo de cultivo de la desgracia.
Fotografía de archivo del 2 de marzo de 2010 que muestra a una pobladora mientras camina en la ciudad de Talcahuano, cercana a Concepción (Chile) (2)
De hecho, la Corte Suprema de Chile condenó al Estado a indemnizar a los familiares de los fallecidos en Talcahuano, alegando que “no solo no ordenaron una evacuación de la población“, sino que “entregaron información errónea” al llamar a las personas a permanecer en sus casas. Un ejemplo más de la ineficacia del gobierno ante problema.
No obstante, si bien las principales consecuencias fueron aleccionadoras, el desastre natural también hizo las de profesor abriendo los ojos un país que aprendió la lección y empezó a tomar las medidas oportunas, con el fin de mitigar los efectos de futuros eventos de este tipo en el territorio nacional.
Así pues, el Servicio Sismológico de Chile se transformó en el actual Centro Sismológico Nacional, en el que 52 profesionales comunican de forma ininterrumpida la localización, la magnitud y las posibles consecuencias de los terremotos “prácticamente en tiempo real”.
“La calidad de los datos que se registran es de primer orden”, declaró el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, en la sala de control donde grandes pantallas muestran los últimos movimientos del subsuelo chileno.
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La Onemi y el SHOA también hicieron ejercicio de conciencia y solicitaron el apoyo de entidades internacionales para conocer las taras del funcionamiento de ambos organismos chilenos y así mejorar de cara al futuro.
Gracias a ello, se evidenció la falta de comunicación entre las principales agencias sísmicas del país, que a partir de ese momento se coordinaron como si fuesen una sola, además la necesidad de reformular otros protocolos vitales, como el de evacuación.
“Antes nos demorábamos veinte minutos en determinar si se iba a producir un tsunami (después de un fuerte sismo), y ahora solo cinco minutos. Es una diferencia tremenda”, explicó el director de la Onemi, Ricardo Toro.
Además de los protocolos, Chile logró también consolidar su ingeniería antisísmica con estrictas normas de construcción y el desarrollo de mecanismos de disipación y amortiguación sísmica que exporta a varios países.
De hecho, los expertos locales destacan que la normativa sísmica, ya de por sí exigente en 2010, se ha endurecido tanto que ahora el país cuenta con edificios capaces de soportar los daños de la agitación provocada por terremotos de 9,6 grados en la escala sismológica de magnitud de momento.
La Torre de Santiago es la prueba fehaciente de ello ya que se trata del edificio más alto de América Latina, con más de 300 metros de altura, que, además, está situada en una zona de gran actividad sísmica.
Ejemplo de aprendizaje
Cinco años después, Chile tuvo la oportunidad de demostrar al mundo todo lo que había aprendido con el 27-F con la llegada de un nuevo sismo de magnitudes similares el 16 de septiembre del 2015.
A las 19:55, hora local chilena, tuvo lugar un sismo de 8,4 grados en la escala sismológica de magnitud de momento que afectó a más de una veintena de localidades y tuvo más de 1.400 réplicas durante los días posteriores.
En esta ocasión, y a pesar de los daños materiales, los nuevos avances conseguidos años atrás lograron una catástrofe humanitaria mucho menor que en el 2010 que se situó solo en 15 bajas: “Los chilenos pueden sentirse bastante tranquilos con los avances de este este proceso en desarrollo continuo de aprendizaje”, declaró Ricardo Toro.
Gracias a ellos, María Angélica Torres pudo cumplir su sueño de abrir un restaurante, entre otros locales, en una costa de Dichato plagada de obstáculos artificiales y naturales que velan por la seguridad de la población.
“Dichato fue el icono de la devastación, el icono de la reparación y ahora tenemos un pueblo turístico con una costanera que nada tiene que envidiarle a Viña del Mar”, comentó María Angélica. Sin embargo, tal y como enfatizó Ricardo Toro, “¿de verdad era necesario que ocurriera una catástrofe de tal magnitud para constituir un sistema de alerta eficaz?
Vía: elagoradiario