Según los datos que maneja Naciones Unidas, hablarían cientos de millones de personas que en la actualidad carecen de acceso a servicios de agua limpia y saneamiento gestionados de forma segura.
El agua dulce se distribuye en un 70% en agua congelada en glaciares y un 30% en la humedad del suelo o acuíferos. Respecto al resto, un 1% se encuentra en cuencas hidrográficas y… tan solo un 0,025% es potable. Datos oficiales afirman, por tanto, que sólo el 0.007% del agua existente en la Tierra es potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación.
Esto nos hace conscientes que el agua es un recurso escaso y limitado además de un derecho en un mundo desigual. La falta de acceso a ella es motivo de pobreza, desigual, injusticia social y crea grandes diferencias en las oportunidades que ofrece la vida.
El relator especial de la ONU para el derecho humano al agua, Pedro Arrojo, advirtió el pasado martes contra los riesgos e impactos de la «mercantilización» y la «privatización» del agua como bien esencial.
Arrojo comentó el pasado martes en Barcelona el estudio que ya presentó en Naciones Unidas en un acto organizado por las entidades «Aigüa És Vida» e Ingeniería sin Fronteras, con la colaboración de la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP).
El doctor en Física y también profesor de la Universidad de Zaragoza ha señalado que en un contexto de «creciente presión para mercantilizar» los servicios relacionados con el agua conviene «reconocer como derecho humano» de forma «explícita» el agua potable y el saneamiento. En ese sentido, ha enfatizado la necesidad de gestionar el agua como un bien público y promover una legislación global del agua basada en el principio de sostenibilidad y en el enfoque de los derechos humanos.
Una gobernanza «democrática» del agua
Por ello, «frente a la lógica del mercado y la especulación financiera», el relator especial invita en su informe a los Estados, «sobre todo a aquellos con mayor capacidad económica», a desarrollar «una gobernanza democrática del agua».
Más allá, Arrojo incide en que los países adopten marcos normativos para gestionar este recurso natural como «bien público fundamental» y reclama que se lleven a cabo consultas públicas para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la privatización de este bien.
Por otro lado, insta a los Estados a adoptar estrategias de adaptación al cambio climático, les dice que eviten que este recurso natural sea gestionado entre en los mercados de futuros y pide una financiación pública para la protección de este recurso natural tan importante para nuestro planeta.
El documento caracteriza los problemas y retos que se afrontan en el contexto del crisis mundial de este recurso natural con 2.200 millones de personas sin acceso garantizado a agua potable y 4.200 millones sin saneamiento básico. Esta crisis global está generando una ola creciente de conflictos socioambientales en todo el mundo.
Entre otras, Arrojo destaca que las causas fundamentales de la crisis mundial de este recurso natural se encuentran en la confluencia de dos grandes defectos estructurales del modelo de desarrollo actual: la insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y la pobreza, la desigualdad y la discriminación.
Fuente: EFE VERDE