La Comisión Europea ha adoptado una serie de medidas que pretende mejorar la eficiencia y el diseño ecológico de diversos electrodomésticos. Sin embargo, algunas organizaciones, como la OCU y Feniss, apuntan a que estas no son las idóneas y señalan la ampliación de la garantía como la verdadera solución para afrontar el problema de los residuos electrónicos.
Se construyen, viven y mueren. Así se podría definir el ciclo de vida de los electrodomésticos de todo el mundo. Un ciclo que, por otro lado, podría estar más completo si se añade la etapa de la reparación, pero ésta casi nunca se suele producir debido ya no solo a los sobrecostes que supone el arreglo, sino a la escasez de piezas de repuesto.
En este sentido, la Comisión Europea (CE), en un intento por reducir la huella de carbono que producen los electrodomésticos, ha adoptado una serie de medidas de diseño ecológico que afectan a diversos aparatos, como refrigeradores, lavadoras, lavavajillas y televisores.
Por un lado, se encuentra la renovada etiqueta de eficiencia energética que entrará en vigor a partir del 1 de marzo del 2021 en todos los territorios de la Unión Europea. Según la CE, esta etiqueta incorporará un código QR que permitirá conocer información adicional del producto, así como un renovado sistema de categorías, que van desde la “G” hasta la “A”, y grafías que mostrarán otro tipo de consumo no energético, como el gasto de agua en cada ciclo de lavado en un lavavajillas.
Por el otro lado, la CE también ha decidido ampliar el tiempo de disponibilidad de piezas de repuesto de los electrométricos. En el caso de las neveras, la CE ha establecido un mínimo de siete años después de que el consumidor compre los aparatos y 10 años en el caso de lavadoras y lavavajillas.
En la actualidad, la normativa española estipula que las piezas de repuesto deben estar disponibles durante el plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha en que el producto deja de fabricarse. En el caso de los aparatos de uso doméstico, el real decreto ley 1/2007 de defensa del consumidor y el real decreto 58/1988 informan que estos deberán tenerlos por un mínimo de siete años.
De este modo, la CE espera que para 2030 se genere un ahorro de 167 teravatios/hora (TWh) por año, una reducción de más de 46 millones de toneladas de CO2 y un promedio de 150 euros al año en todos los hogares europeos.
La otra cara de la moneda
Para la Comisión Europea, este conjunto de medidas supone uno de los mejores caminos para alcanzar los objetivos para una sana economía circular “al mejorar la vida útil, el mantenimiento, la reutilización, la actualización, la reciclabilidad y el manejo de residuos de los electrodomésticos”.
Por ejemplo, Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción Climática y Energía, explica que estas medidas de diseño ecológico pueden ahorrar mucho dinero a los consumidores europeos y ayudar a la UE a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
“El diseño ecológico es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático y una contribución directa al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París”, añade el comisario.
Sin embargo, algunas organizaciones no ven como buenos ojos este paquete de medidas. Es el caso de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss), que opina que este conjunto de medidas, aunque buen fundamentadas, no suponen una solución para el actual problema de los electrodomésticos: los sobrecostes en las reparaciones.
“El precio de la mano de obra sube tanto que el consumidor prefiere comprar mejor uno nuevo antes que afrontar el gasto del arreglo”“El problema no es tener o no tener piezas. El inconveniente es que, cuando alguien lleva a reparar un electrodoméstico, el precio de la mano de obra sube tanto que el consumidor prefiere comprar mejor uno nuevo antes que afrontar el gasto del arreglo”, apunta Benito Muros, presidente de Feniss.
“Las medidas adoptadas para estos electrodomésticos son más bien cosméticas y no van a suponer ni un beneficio económico ni van reducir las emisiones de dióxido de carbono ya que los usuarios van a seguir comprando nuevos aparatados cuando se estropeen los suyos”, ha continuado informando.
Para Benito Muros, la solución para poner fin al problema de los electrodomésticos debería pasar por aumentar la ley de garantías de los productos de dos a cinco años y modificar la letra pequeña de esa misma ley: “Cada año que se aumente la garantía se evitarían 48.000 toneladas de CO2 al año ya que se incrementaría el porcentaje de aparatos arreglados y disminuirían las compras de nuevos. Por otro lado, se podrán mejorar las condiciones en las que entra la garantía, como los picos de tensión”.
Dentro de esta misma línea se encuentra la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que cree que “las nuevas medidas deberían haber ido más allá para facilitar a los consumidores tener bienes más duraderos”.
Según la organización, las medidas también deberían contemplar el aumento de la garantía a más años, que los productos no tengan piezas deficientes y que sean susceptibles de romperse y que las reparaciones sean mucho más económicas.
“Aún seguimos inmersos en un modelo de economía lineal (de comprar, usar y tirar). Debemos avanzar hacia un modelo circular en el que los productos duren el máximo y minimizar así el impacto que sobre los recursos y el medioambiente implica producir otro nuevo cada poco tiempo”, explica la OCU.
Los smartphones fuera de juego
La Comisión Europea, por otro lado, ha querido dejar fuera de este paquete de medidas a los aparatos electrónicos, como los smartphones, las tabletas o las impresoras. Un grave error, según Feniss y OCU que piensan que estos productos, debido a su escasa durabilidad, deberían estar dentro del foco de los gobernantes.
“La vida útil de estos aparatos es muy inferior a lo que uno se espera, además, que el precio de adquisición de uno nuevo es relativamente barato, por lo que no adoptar ninguna medida sobre esta situación es un error. La gente seguirá consumiéndolos sin control”, ha apuntado Benito Muros.
La OCU, en este sentido, reclama una legislación en favor de un modelo más sostenible para evitar el elevado número de residuos que generan.
Vía: elagoradiario